Como Kevin Andrés Valencia fue identificado un hombre que habría participado en la exigencia económica y la retención ilegal, de la que fue víctima un comerciante en Buenaventura (Valle del Cauca), en hechos ocurridos el 9 de agosto de 2024.
En ese sentido, un fiscal Gaula de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de secuestro, extorsión agravada en grado de tentativa y hurto calificado y agravado.
De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en el muelle Santa Catalina embarcando 100 bultos de mercancía cuando fue abordado por hombres que portaban armas de fuego.
De acuerdo con la investigación, estas personas se identificaron como integrantes de una banda criminal y le exigieron el pago de una cuota para permitirle realizar su trabajo en esta zona portuaria. Posteriormente, lo llevaron en contra de su voluntad cerca de una bodega donde lo intimidaron sino pagaba 10 millones de pesos y lo retuvieron por seis horas.
Las actividades investigativas desplegadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron identificar a Kevin Andrés Valencia como uno de los presuntos responsables del secuestro.
En las audiencias concentradas, el procesado no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
El hombre fue capturado por funcionarios del CTI y uniformados del Gaula Militar cuando se desplazaba por el sector de La Palera de Buenaventura, en cumplimiento de una orden judicial.
JGPV/AMCJ/AICR/DSV/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
