La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres hombres señalados de agredir a animales.
Inicialmente, un fiscal local de la Seccional Córdoba, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó el delito de muerte a animal agravado a Wilson Javier Guerrero Viggiani, por atacar con una varilla a una gata llamada ‘Alana’, el pasado 30 de julio en el barrio Villa Real, en Montería (Córdoba).
Este hombre, en un acto de intolerancia, habría golpeado al animal de seis meses, que fue trasladado de urgencias a una veterinaria. ‘Alana’ murió ante la gravedad de las lesiones recibidas.
Caso de ‘Maxi’
Un fiscal local de Girón (Santander) imputó a Jorge Trillos Rabelo el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.
El 24 de agosto del año en curso, en una carnicería del barrio Portal Campestre, el hoy procesado presuntamente agredió con arma blanca a un canino de nombre ‘Maxi’, causándole múltiples heridas que pusieron en riesgo su vida. Trillos Rabelo no aceptó el cargo en su contra.
Un disparo contra ‘Niño’
Un fiscal local de la Seccional Quindío imputó a Jarol Alberto Cuellar Arias el delito de muerte al animal agravado.
Los hechos que se le atribuyen a este hombre ocurrieron el pasado 3 de septiembre, en una finca del barrio Buenavista de Armenia. Cuellar Arias disparó una escopeta contra un canino de raza husky siberiano, llamado ‘Niño’, ocasionándole la muerte.
El señalado agresor aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
