En la fotografía se aprecian de pie, en hilera y esposados entre sí a los presuntos integrantes de ‘La C’. Entre los hoy imputados hay una mujer y un hombre con muletas. A los extremos hay servidores del CTI de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una mesa con mantel blanco y sobre ella hay tres letreros que dicen: ‘Dinero’, ‘Celulares’ y ‘Marihuana’. Detrás de todos hay dos pendones institucionales del CTI de la Fiscalía y de la Policía.
Presuntos integrantes del grupo delincuencial La C, fueron judicializados por narcomenudeo en el municipio de Guacarí (Valle del Cauca).

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial La C, dedicado al narcomenudeo en el municipio de Guacarí (Valle del Cauca).

Se trata de Héctor Fabio Salazar Palacios, José Eduardo Gómez Frades, Leidy Johana Castañeda Bolaños, Nelson Andrey Marín Rincón y Yeison Alberto Mera Frades a quienes un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico fabricación y porte de estupefacientes.

Al parecer, los procesados comercializaban marihuana, bazuco y cocaína en espacios públicos y a domicilio en Guacarí.

Durante seis diligencias de registro y allanamiento servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional materializaron las órdenes de captura e incautaron sustancias ilegales, celulares, dinero en efectivo y cuadernos con cuentas.

Los presuntos implicados deberán cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios.

 

MAP/DSVC/MAGA/

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.