En la fotografía aparecen en hilera los siete judicializados, uno de espaldas a la cámara y otro en silla de ruedas. A los extremos de ellos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una mesa con mantel de color verde oscuro y sobre ella hay un letrero que dice: ‘Orden judicial’ y tres teléfonos celulares. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Policía.
Siete presuntos implicados en el secuestro y posterior crimen de un hombre, fueron judicializados y privados de la libertad, en Tuluá (Valle del Cauca).

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Tuluá (Valle del Cauca) a siete personas presuntamente implicadas en el asesinato de un hombre, ocurrido el pasado 25 de abril.

Se trata de Juan David Patiño Ospina, Luis Norberto Cárdenas Jiménez, Juan Camilo Hurtado Hurtado, Andrés Julián Roldán Holguín, José Ángel Naspiral González, Luis Alberto Torres Giraldo y José Estiven Caicedo Castillo.

Los hechos investigados se relacionan con el hallazgo de las partes de un cuerpo en el sector La Playita, en el río Tuluá. Según la investigación, la víctima fue torturada y desmembrada. Terceras personas habrían sido obligadas a trasladar a la víctima al lugar donde fue encontrada.

La Policía Nacional materializó las capturas el pasado 23 de septiembre. Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de homicidio y secuestro, ambos agravados; así como constreñimiento para delinquir. Ninguno aceptó los cargos en su contra.

El juez de control de garantías decidió que los presuntos implicados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, a excepción de Cárdenas Jiménez quien fue privado de la libertad en su lugar de residencia.

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.