Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios contra dos hombres, que en investigaciones distintas estarían involucrados en ataques sicariales ocurridos en Barranquilla (Atlántico).
Se trata de José Ramón Sandoval Sandoval, alias Jochin, quien, al parecer, por motivos pasionales le disparó en cuatro oportunidades a un hombre el pasado 12 de septiembre en el barrio Cevillar. La víctima de 33 años se desplazaba en una motocicleta cuando sufrió el ataque que le causó la muerte.
Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Vida permitieron que el hombre aceptara su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su captura fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 18 de septiembre.
Por otros hechos registrados el pasado 24 de septiembre en el barrio San Isidro, también fue judicializado Manuel Enrique González Silva. La Fiscalía evidenció que el procesado de 18 años, al parecer, con arma de fuego le disparó a una mujer, porque se negaba a participar en actividades delictivas.
Tras la alerta de la comunidad, la Policía Nacional lo capturó en flagrancia. En su poder le fue hallada el arma de fuego que supuestamente utilizó en el atentado y cartuchos compatibles con el arma. Ninguno tenía los permisos competentes para portarlo.
En las audiencias preliminares, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
MEVA/AMCJ/JM/AA/WFOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
