Se les atribuyen eventos delictivos ocurridos en Manizales (Caldas), en los que se habrían apropiado de elementos avaluados en más de 40 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Nadia Mireya Gómez Niño, Paula Andrea Ladino Mota y Alejandra Morales Marulanda, como posibles responsables de contactar a hombres mayores, ganarse su confianza y suministrarles medicamentos para dejarlos inconscientes y quitarles sus pertenencias en Manizales (Caldas).
Uno de los eventos delictivos que se les atribuye ocurrió el pasado 7 de junio. Gómez Niño habría ubicado a su víctima por redes sociales y viajado de Bogotá a Manizales para asistir a una fiesta en su vivienda del barrio La Sultana. En el inmueble, la mujer presuntamente le entregó una bebida con una sustancia diluida que la dejó en estado de indefensión y permitió arrebatarle cadenas de oro, celulares, dinero en efectivo y distintos artículos avaluados en 34’500.000 pesos.
Otro hecho conocido en el curso de la investigación sucedió el 1 de junio de este año. Ladino Mota y Morales Marulanda, al parecer, abordaron a dos hombres en el Parque Olaya, los convencieron de ir a una casa del sector de Villa Luz y les proporcionaron un medicamento con el que perdieron la consciencia. De esta manera, les quitaron dinero en efectivo y objetos avaluados en más de 6 millones de pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Caldas imputó a las tres mujeres el delito de hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, dos de las procesadas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, Morales Marulanda continuará vinculada al proceso.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
