En hechos independientes, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cartagena (Bolívar) judicializó a tres hombres quienes habrían hurtado violentamente las pertenencias de varios ciudadanos.
Se trata de Yonis Flórez Corpa, alias El Calvo; y Dámaso Javier Maldonado de Ávila quienes el pasado 15 de septiembre, en el barrio Boston, intimidaron con arma blanca a un hombre quien se encontraba en la terraza de su casa, en compañía de un niño de dos años. Según se evidenció la intención de los procesados sería apoderarse del celular de la víctima.
Uniformados de la Policía fueron alertados de lo sucedido y lograron capturar a los procesados cuando huían en una motocicleta.
Por otro hecho fue procesado Duván Alberto Sánchez Herrera, presunto responsable del atraco ocurrido el 7 de septiembre en un parque infantil del barrio Blas de Leso. Allí se encontraba una pareja de esposos con su hija de tres años, cuando habrían sido sorprendidos por el ahora implicado quien con un arma de fuego les exigió la entrega de sus pertenencias.
El supuesto atacante huyó en una motocicleta. Tras la alerta del robo la policía logró detener al ahora procesado. A Sánchez Herrera le encontraron en su poder una pistola y cinco cartuchos calibre 9 mm, el celular y las joyas que presuntamente hurtó. El valor de lo hurtado fue tasado en 10 millones de pesos.
Ninguno de los hombres aceptó los cargos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Por decisión judicial, los tres investigados cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.
MEVA/MAGA/FP/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
