Los dos sentenciados participaron en la planeación y ejecución del homicidio ocurrido en Guaduas (Cundinamarca).
Johan Daniel Pinzón Díaz y Sergio Alejandro Gómez Quintero aceptaron mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en el crimen de Luis Alfonso Valencia, dueño de una empresa dedicada a la fabricación y distribución de arepas; y su mayordomo, Darío López Herrera, perpetrado el 11 de noviembre de 2024, en una finca de Guaduas (Cundinamarca).
Luego de avalar la negociación judicial, un juez penal de conocimiento los condenó por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
En ese sentido, Pinzón Díaz deberá cumplir una pena de 36 años de prisión; mientras que Gómez Quintero fue sentenciado a 36 años y 8 meses de prisión.
Las pruebas recopiladas por un fiscal de la Seccional Cundinamarca permitieron conocer que Pinzón Díaz, quien se desempeñaba como trabajador de la finca del empresario, suministró información sobre los objetos de valor que estaban en el inmueble para que un grupo delincuencial ejecutara el hurto.
Entre tanto, Gómez Quintero fue uno de los hombres armados que ingresó al lugar de los hechos, amordazó a las víctimas, las puso en estado de indefensión y les disparó hasta causarles la muerte. Posteriormente, escapó en un vehículo llevándose varios artículos.
Estas dos personas fueron capturadas y judicializadas el pasado mes de febrero. Desde entonces permanecen privadas de la libertad en un establecimiento carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
