Entre los activos afectados hay inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio avaluados en más de 9.000 millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 9.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de la explotación ilícita de yacimientos mineros de oro o estaban al servicio de la actividad ilegal que se realizaba en Buriticá (Antioquia).
Las propiedades afectadas pertenecerían a un grupo delincuencial conocido como ‘Los del Cero’, que tendría nexos con el ‘Clan del Golfo’ y sería el responsable de extraer el metal precioso, procesarlo en entables artesanales y comercializarlo con la fachada de haber sido comprado a barequeros y mineros artesanales. De esta manera le daban apariencia de legalidad al producto y a los dividendos obtenidos.
A esta organización delictiva le fueron afectados con fines de extinción de dominio activos representados en 10 inmuebles urbanos y rurales, 15 vehículos, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio y dinero representado en un Título Judicial. Las diligencias de ocupación y materialización de las medidas se realizaron de manera coordinada con la Policía Nacional en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia), y Tierralta (Córdoba).
En el curso de la investigación fueron recopiladas evidencias que dan cuenta de que la mayoría de los bienes estaba a nombre de familiares y personas allegadas a los integrantes de la red de minería ilegal
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/SC/JIC/ALTR/DEED
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
