Teresa Jaramillo Giraldo sería la dinamizadora de un grupo de personas que contactaba a algunos integrantes de la fuerza pública y les pagaba determinadas sumas de dinero por información sobre operaciones militares y movimientos de las tropas.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, aceptó su participación en una red de corrupción al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’, que entregaba dádivas a algunos integrantes de las fuerzas militares a cambio de información confidencial que permitiera a los cabecillas de la organización criminal evadir la acción de las autoridades.

En ese sentido, un juez penal especializado la condenó a 4 años y 15 días de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial dan cuenta de que la mujer articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el ‘Clan del Golfo’ en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar.

Por estos hechos, recientemente también fueron condenados el cabo primero en retiro del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí, quien por orden de ‘La Tía’ le ofreció a un oficial 100 millones de pesos por datos privilegiados de su unidad militar; Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la hoy sentenciada, encargados de desembolsar cada uno 25 millones de pesos a otro uniformado en Medellín (Antioquia), entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.