En hechos diferentes, la Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a tres personas presuntamente implicadas en delitos contra la vida, en los municipios de La Unión y Tuluá (Valle del Cauca), y en dos de los casos fueron usadas armas de fuego para asesinar a las víctimas.
- Carlos Daniel Carvajal Alvarado y Jesús David Torres Vargas, de 20 y 30 años, respectivamente fueron imputados con los delitos de fabricación tráfico o porte de armas de fuego; además de homicidio, homicidio tentado. Los dos últimos agravados.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre en un establecimiento comercial de La Unión donde un hombre de 25 años fue atacado con arma de fuego. Se cree que Carvajal Alvarado fue quien accionó el arma, mientras Torres Vargas esperaba en una motocicleta para huir en ella. Una mujer que pasaba por el lugar resultó herida siendo atendida de manera oportuna en un centro médico. Los presuntos agresores fueron capturados en flagrancia.
- En Tuluá fue judicializado un adolescente de 17 años como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril en el barrio Bello Horizonte de dicha localidad. Allí, fue atacado con disparos un hombre mientras departía con sus familiares. Las heridas le causaron la muerte. El presunto infractor fue aprehendido el 16 de septiembre último por orden judicial.
Los jueces de control de garantías acogieron las solicitudes de la Fiscalía y Carvajal Alvarado y Torres Vargas deberán cumplir la medida de aseguramiento en cárcel. El adolescente fue cubierto con internamiento preventivo en centro especializado para menores.
Ninguno de los presuntos implicados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.