La Fiscalía General de la Nación modificó la imputación de cargos en contra del presunto responsable del crimen de su hijastro de 4 años, ocurrido en el noroccidente de Medellín, la mañana del pasado 13 de septiembre.
Inicialmente, al presunto agresor de 28 años fue judicializado por los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Toda vez que para la fecha de imputación la víctima se encontraba en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las lesiones recibidas.
Ante el fallecimiento del menor de edad, el pasado 16 de septiembre, la Fiscalía varió la calificación jurídica y le imputó al procesado el delito de homicidio agravado consumado.
Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Castilla, cuando el procesado se habría disgustado porque el niño no estaba dormido. Posteriormente lo tomó con fuerza del brazo y lo golpeó. La madre de la víctima intentó impedir la agresión pero también fue atacada.
El hombre, al parecer, continuó atacando al menor de edad, quien fue despojado de su pantalón y recibió varios golpes con un machete. La mujer intentó intervenir nuevamente pero fue insultada y amenazada con el arma cortopunzante. El presunto victimario no cesó las agresiones y le propinó puños en el tórax, la cabeza y el pecho, lesiones que lo dejaron inconsciente.
La mujer lo llevó a un centro hospitalario donde permaneció en cuidados intensivos tres días y falleció debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con la información obtenida por la Policía judicial, el hombre sometía a un ciclo de violencia al menor de edad y a su compañera sentimental.
El padrastro no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
