Durante la acción delincuencial fueron realizadas cinco transferencias bancarias por más de 122 millones de pesos.
Como presuntos responsables de un millonario hurto cometido en la Cámara de Comercio de Córdoba, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Óscar Luis Sánchez Martínez y Javier José Esquivia Santos.
Según la investigación, Esquivia Santos en su condición de vigilante de la Cámara de Comercio habría permitido que el 14 de junio de 2024 Sánchez Martínez ingresara al lugar de manera subrepticia, usando la puerta trasera.
Con la ayuda de distintos elementos y herramientas el hombre habría manipulado las cámaras de vigilancia y vulnerado cerraduras de las oficinas para apropiarse de un portátil, un celular y claves de seguridad de entidades bancarias. Además de acceder a la caja fuerte y apoderarse de 21 millones de pesos, recaudados el día del hurto.
El material probatorio determinaría que incluso fueron violentados los circuitos tecnológicos del área de sistemas e ingresado a computadores de contabilidad y tesorería desde los cuales habrían sido realizadas cinco transferencias por más de 122 millones de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) imputó a Sánchez Martínez y Esquivia Santos, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como: hurto calificado y agravado, acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegitima de un sistema informático o redes de telecomunicación; daño Informático y hurto por medio informático.
El pasado 12 de septiembre uniformados de la Sijín de la Policía Nacional capturaron a Sánchez Martínez en Bogotá, y a Esquivia Santos en Medellín (Antioquia). Ninguno admitió su responsabilidad frente a los cargos en su contra. Un juez les impuso medida de aseguramiento intramural.
VHGB/MAGA/CAHL/DSC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
