Mediante elementos magnéticos fijaban los alijos a los cascos de los buques que zarpaban de los puertos del Caribe colombiano.
La acción articulada de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, permitió ubicar y hacer efectivas las órdenes de captura con fines de extradición contra tres hombres señalados de adherir cargamentos de clorhidrato de cocaína a las embarcaciones que salían desde la Costa Atlántica colombiana hacia países del Caribe y de Centroamérica.
Se trata de Óscar Iván Morón Ramos, alias Supervisor; Nelson Javier Granados Sastoque, alias Primo; y Yesid Sepúlveda Montiel, alias Guachupita, quienes fueron notificado del requerimiento internacional en diligencias realizadas en el sector Gaira, en Santa Marta (Magdalena); y en los barrios Villa Carolina y San Pachito, en Barranquilla (Atlántico).
Una corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye a estas personas cargos relacionados con narcotráfico. Las responsabiliza de fijar con elementos magnéticos cajas con estupefacientes a los cascos de los buques que partían a sus destinos de interés.
Para ejecutar la actividad ilegal presuntamente obtenían información de algunos trabajadores de las empresas portuarias y de logística marina sobre la ubicación e itinerarios de las motonaves. De esta manera localizaban los buques y los contaminaban antes de zarpar.
Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se formalizan y surten los trámites para su extradición a Puerto Rico.
Esta información sé pública por razones de interés general.
JMSV/JARG/FJC/DECN/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
