Entre los asegurados se encuentra un subintendente que fungía como subcomandante de dicha estación.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres hombres y una mujer, que estarían involucrados en un hurto millonario de armamento a la estación de policía de Villanueva (Bolívar).
Una fiscal de la Seccional Bolívar les imputó el delito de hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación en la madrugada del pasado 17 de julio, se sustrajeron del armerillo del comando siete fusiles Galil calibre 5,56, cuatro pistolas y munición. Según las labores investigativas realizadas, los presuntos responsables de dicho hurto son el subintendente Andrés Alfonso Acuña Correa, quien fungía como subcomandante de la estación; los hermanos Irguin y Darwin Chanci Fontecha; y Jinnet Rodríguez Soto.
Estas personas fueron capturadas durante el desarrollo de cinco diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y Puerto Berrío (Antioquia).
En una de las diligencias fue capturada en flagrancia Mayurleivy Serna Sanjuan, quien portaba un arma de fuego sin el salvoconducto requerido. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La mujer fue privada de la libertad en su domicilio.
MEVA/LMFO/YC/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
