Los procesados ya se encontraban cumpliendo condena en un centro penitenciario
Por la presunta extorsión a un hombre del oriente antioqueño, un juez de garantías acogió la solicitud de la fiscalía e impuso medida de aseguramiento en intramuros en contra de Julián Alberto Díaz Villada, alias Pitbull y Neider Camilo Aguirre Cano.
Los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando la víctima, residente en el municipio de Marinilla (Antioquia), fue contactada desde el perfil de una mujer por medio de redes sociales y con esta compartió su número telefónico e información privada.
Posteriormente, la víctima habría recibido varias llamadas amenazantes por una supuesta relación sentimental con “la mujer del patrón”. En las comunicaciones le exigían entre 1 y 2 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. Ante la presión, la víctima pagó $1.900.000. Según la información obtenida por la Fiscalía, las consignaciones se realizaron a las cuentas bancarias de los dos procesados, que se habrían creado desde la cárcel.
Las actividades investigativas desarrolladas por el CTI establecieron, además, que las llamadas extorsivas se estaban haciendo desde un teléfono ubicado en un centro penitenciario El Pedregal, al parecer, desde la celda donde se encuentra recluido alias Pitbull.
Díaz Villada y Aguirre Cano están sentenciados por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, respectivamente.
El Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército Nacional, notificaron a los investigados de la orden de captura en su contra en el mencionado establecimiento de reclusión.
En este caso, procesados no aceptaron los cargos imputados por una fiscal destacada ante el Gaula por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
NAMT/AC/DSA/LFML
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
