La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres, presuntamente implicados en homicidios cometidos en Turbaco y Cartagena (Bolívar). Se trata de casos independientes por los cuales jueces de control de garantías impusieron a los procesados medidas de aseguramiento en centro carcelario.
El primer caso involucraría a Edilberto Vargas Guerrero y a Jaime Álvarez Borrero quienes, al parecer, asesinaron con arma de fuego a un hombre de 38 años. Los hechos se registraron el pasado 16 de agosto cuando la víctima se encontraba laborando en un taller de mecánica del barrio Torices de la capital bolivarense.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en momentos en que abandonaban el lugar del crimen en una motocicleta. En su poder les fue hallada el arma de fuego que presuntamente utilizaron para cometer el homicidio.
En otra investigación fue judicializado Eder de Jesús Ramos Carrillo, alias El Fili, por su aparente participación en el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de Turbaco.
Los acontecimientos ocurrieron el 9 de enero de 2023 en vía pública del barrio El Paraíso. Se cree que el ahora implicado disparó contra un hombre de 28 años, provocando su muerte. El ataque se habría producido por rencillas previas entre las dos personas.
Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesos, según sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que ninguno aceptó.
MEVA/MAGA/AN/JOA/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
