El joven infractor, al parecer, aprovechaba la ausencia de los formadores para atacar a sus compañeros.

Las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a un adolescente que habría agredido sexualmente a seis menores de edad en una fundación ubicada en Madrid (Cundinamarca).

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en una institución que alberga a menores de edad para el restablecimiento de sus derechos.

En la imagen se observa al judicializado de espalda y en medio de integrantes de la Policía Nacional. 
El joven fue judicializado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual de seis menores de edad en Madrid (Cundinamarca).

De acuerdo con las evidencias, se presume que el joven infractor, aprovechaba la ausencia de los formadores durante las horas de la noche, para ingresar a las habitaciones y someter a vejámenes y agresiones sexuales a seis menores de edad, entre los 12 y 14 años.

Asimismo, se estableció que las víctimas habrían sido objeto de maltratos físicos, verbales y psicológicos cuando se negaban a los tocamientos indebidos. El señalado agresor los manipulaba con ofrecimientos de comida y los intimidaba con amenazas de muerte.

En este sentido, un fiscal de Infancia y Adolescencia de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y actos sexuales con menor de catorce años. Cargos que no fueron aceptados.

Un juez de responsabilidad penal para adolescentes le impuso al menor de edad medida de internamiento preventivo en centro especializado.

 

ALGO/AMCJ/DCAR/FSC

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.