Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento carcelario a dos presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Salsa Nueva Generación’ que delinque en Cartagena.
Se trata de José Miguel Muñoz Zúñiga, alias Totoy; y Víctor Alfonso Altamar de la Cruz, alias Bebo. Estas dos personas fueron imputadas como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.
La Fiscalía cuenta con evidencia que vincularía a los procesados con el grupo de delincuencia organizada a nombre del cual cometerían homicidios selectivos con el propósito de mantener el control territorial para la venta de estupefacientes en Cartagena.
Uno de los crímenes atribuidos a los procesados ocurrido el 30 de julio de 2024, cuando con arma de fuego fue asesinado a un hombre de 19 años en La Consolata. A ‘Totoy’ se le atribuye además un homicidio registrado el 23 de enero último. Al parecer, el señalado homicida habría ingresado a una vivienda del barrio Torices donde disparó en varias oportunidades contra una persona de 61 años.
Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar a Muñoz Zúñiga el pasado 26 de agosto en la Comuna León XIII de Soacha (Cundinamarca). Altamar de la Cruz en la actualidad se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario cumpliendo una medida por otro proceso. Allí fue notificado de esta nueva investigación en su contra.
MEVA/MAGA/DL/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
