Fue imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto agravado.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José Ángel Lizcano Fernández, quien estaría involucrado en los hechos violentos ocurridos el pasado 5 de abril, en Santa Marta (Magdalena), en los que un ciudadano italiano fue asesinado y partes del cuerpo abandonadas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la investigación, el hombre fue citado, a través de una aplicación móvil, a un inmueble del barrio El Pando. Allí varias personas que lo esperaban lo amordazaron, despojaron de sus pertenencias, golpearon con objetos contundentes y asfixiaron. Luego de causarle la muerte decidieron desmembrarlo.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidenciaron que Lizcano Fernández habría participado en el hurto y la desaparición de los fragmentos de cuerpo para evitar que fueran encontrados por las autoridades.

En ese sentido, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en el barrio Granada de Cali (Valle del Cauca). Una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Este es el sexto judicializado por el crimen del ciudadano italiano en Santa Marta.

 

 

 

 

 

SKCR/LMFO/JARG/LP/MPO/DSM

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.