Como presunto responsable de la muerte de su excompañera sentimental, de 37 años de edad, un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un ciudadano venezolano, de 23 años de edad.
Los hechos ocurrieron la tarde de este 24 de agosto en una fonda del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, donde el presunto agresor trabajaba en las caballerizas y la víctima era la encargada de la cocina.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Seccional Medellín, momentos antes del crimen, el hombre habría llegado al puesto de trabajo de la mujer para hacerle algunos reclamos, lo que motivó a la víctima a solicitarle que se retirara del lugar y le permitiera continuar con sus labores.
Se evidenció, además, que el presunto agresor hizo caso omiso a la solicitud y en un descuido de su expareja ingresó hasta la cocina y le habría propinado 6 heridas con arma cortopunzante en el cuello y la cabeza. Después del ataque el hombre huyó del lugar. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local comercial.
El ciudadano extranjero fue capturado minutos después en una finca de la zona donde se habría escondido para evadir a las autoridades.
De acuerdo a información obtenida por la Policía Nacional, la víctima había terminado la relación sentimental dos meses atrás por los constantes actos de maltrato físico y sicológico a los que era sometida por parte del investigado.
Durante las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo que le fue imputado por el delito de feminicidio agravado.
NAMT/REPQ/LFML/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
