Fueron ocupados bienes avaluados en más de 143.746 millones de pesos. Las diligencias se realizaron en varios municipios de Antioquia.

A través de empresas exportadoras de aguacates, una red criminal ocultó y dio tránsito a los recursos ilícitos obtenidos por una organización narcotraficante que enviaba toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa. Esto les habría permitido a los articuladores de las operaciones de comercio exterior consolidar un patrimonio ilícito que intentaron ocultar.

Labores investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que fueron adquiridos bienes muebles e inmuebles y puestos a nombre de personas cercanas o familiares para evadir el rastreo de las autoridades.

Ante las evidencias del origen ilícito de las propiedades detectadas, un fiscal de la Dirección Especializada de extinción del Derecho de Dominio las afectó con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Se trata de 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de gama alta y 3 sociedades comerciales, que preliminarmente superan en valor los 143.746 millones de pesos.

Los bienes fueron ocupados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Ejército Nacional, en diligencias realizadas en Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó (Antioquia).

Entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, donde responden por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes.

 

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

 

FAGH/JARG/SC/JIC/DEED/ALTR

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.