Por petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una pareja que estaría comprometida en el tráfico local de estupefacientes en Cartagena.

En la foto está un hombre y una mujer de pie, de frente, con las cabezas agachadas, ambas personas son morenas, la mujer de es de contextura mediana. El hombre está vestido con una camiseta negra y un jean azul y la mujer con una camisilla azul y una bermuda de jean azul. Se encuentran custodiados por uniformados de la Policía Nacional.
A los procesados el ente acusador les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La decisión judicial afectó a Jorge Luis Herrera Fajardo, alias Changa, y a su esposa Daira Alejandra Oviedo Martínez, ambos de 26 años. Los dos fueron imputados con delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que la pareja rechazó.

Labores de policía judicial establecieron que los procesados desde su vivienda, ubicada en el barrio Pablo Sexto II, al parecer, comercializaban marihuana, cocaína y pastillas sintéticas a habitantes de los sectores Daniel Lemaitre, La María, La Esperanza, Petare y Santa Rita.

Se cree que desde ese punto distribuían más de 10.000 dosis de estupefacientes, cuyas ganancias ascendían aproximadamente a los 50 millones de pesos mensuales.

Los ahora implicados fueron capturados el pasado 14 de agosto en una diligencia de allanamiento y registro realizada por la Policía Nacional en la residencia de los procesados. En el operativo fue hallada una caleta subterránea con 82 bolsas que contenían dosis de marihuana lista para ser distribuida, 49 pastillas sintéticas y una licuadora para procesamiento de estupefacientes.

 

 

 

 

MEVA/MAGA/CA/EGM/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.