El sentenciado, quien había tenido una relación por más de 20 años con la víctima, la abordó cuando iba para su trabajo y le quitó la vida. La mujer era docente en Córdoba.

Luego de valorar las pruebas presentadas por una fiscal de la seccional Córdoba, un juez de conocimiento condenó a 31 años y un mes de prisión a un hombre, por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con el ente investigador, el pasado 30 de abril la víctima, docente de profesión, fue encontrada sin vida y atada a una motocicleta de su propiedad, bajo el puente del río San Pedro, jurisdicción de Puerto Libertador (Córdoba).

La mujer había sido reportada como desaparecida el 28 de abril, luego de que saliera hacia su lugar de trabajo, ubicada en la vereda Alto La Ye. Las últimas imágenes  que se tienen de ella quedaron registradas en cámaras de seguridad ubicadas en la vía por la que se movilizó.

La Fiscalía demostró que el hombre, de 58 años y quien fue detenido el pasado 1 de mayo por autoridades indígenas, atacó a la víctima luego de interceptarla en el camino que recorría en su motocicleta. Tras agredirla físicamente la asfixió.

El condenado, quien era expareja de la víctima, había convivido con ésta durante más de 20 años y producto de esa relación tenían tres hijos.

Al momento de llevarse a cabo las audiencias preparatorias, el sentenciado aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. A su vez, se le impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de 20 años.

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.