Las víctimas hacían parte de una comisión que realizaba una diligencia judicial en zona rural de La Paz (Cesar). Hombres armados las abordaron, sometieron y asesinaron sin que hasta el momento se conozca la ubicación de los cuerpos.

Una estructura armada del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interrumpió la diligencia de exhumación que realizaba una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una finca del corregimiento Minguillo, en zona rural de La Paz (Cesar). Ese 9 de marzo de 2000, en medio de amenazas, los siete funcionarios fueron trasladados a un lugar despoblado, atacados con armas de fuego y sus cuerpos desaparecidos.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que Óscar Darío Cuadrado fue uno de los paramilitares que intimidó a las víctimas y las trasladó al punto donde fueron asesinadas. En ese sentido, un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) lo condenó a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y desaparición forzada.

La sentencia también impone una multa equivalente a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 18 años.

Oscar Darío Cuadrado se desmovilizó junto a otros señalados integrantes del extinto Bloque Norte de la AUC el 10 de marzo del 2006. En octubre de 2021, fue capturado y vinculado formalmente por el crimen y desaparición de los servidores del CTI en La Paz (Cesar), en atención a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000. Desde entonces permanece privado de la libertad.

La investigación indica que el crimen fue ejecutado en su momento por instrucción expresa de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias Tigre, cabecillas del Bloque Norte de las AUC.

El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

LAGP/JARG/AJPV/DECVH

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.