La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres exfuncionarios del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri), quienes serían supervisores de varios convenios, celebrados con terceros, para el desarrollo de actividades relacionadas con los juegos Nacionales y Paranacionales que se celebrarían en la capital de Tolima en 2015.
Un fiscal delegado ante el Tribunal de la Seccional Tolima les imputó el delito de peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Se trata de Maritza Fernanda Rozo Riveros, que se desempeñaba como directora administrativa, financiera y técnica del Imdri; Charfi Adolfo Góngora Mendoza, profesional universitario; y Nicolás Felipe Salcedo, quien cumplía funciones transitorias de servidor público, y coordinador en procesos operativos de actuación y eventos deportivos en las diferentes comunas y corregimientos de la capital tolimense.
La Fiscalía evidenció que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, cuando se llevó a cabo una contratación que habría sido direccionada para favorecer a terceros en la ejecución de varios convenios de apoyo; en los cuales supervisaron y autorizaron los pagos. Presuntamente, los dineros no fueron invertidos en su totalidad en la desarrollo de dichos acuerdos.
Para la ejecución de los mismos se habrían presentado soportes falsos, como facturas y cuentas de cobro que no fueron suscritas por quienes supuestamente prestaron los servicios.
Rozo Riveros habría dado el visto bueno a cuatro convenios por un total de 168.190.000 pesos. Por su parte, Góngora Mendoza, fue responsable de nueve por un valor de 465.125.451 pesos. Salcedo, sirvió como supervisor en cinco, por 153.180.000 pesos.
PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
