La víctima fue alcanzada por un disparo mientras pescaba con su padre y un acompañante.
Por su posible responsabilidad en el asesinato de una menor de edad de 12 años en hechos ocurridos Rionegro (Santander), la Fiscalía General de la Nación judicializó a Nélson Rodríguez Anaya.
Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le formuló imputación por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios evidenciaron que la noche del pasado 9 de agosto, en la vereda El Bambú, la víctima, su padre y un acompañante se encontraban pescando al borde del río. Cuando regresaban a sus residencias pasaron por una arenera, que era administrada por Rodríguez Anaya quien les exigió que abandonaran el lugar.
Los hombres respondieron que no estaban realizando ninguna actividad indebida, continuaron su camino por la orilla del río y volvieron a pescar. Minutos después, escucharon un disparo, encendieron sus linternas y sonó un segundo impacto, el cual hirió a la niña en el cuello.
El padre de la menor de edad y su acompañante, vieron al hoy procesado, al parecer, apuntando con una escopeta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.
Momentos después de los hechos, Rodríguez Anaya fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. Las autoridades hallaron la escopeta oculta en la arenera.
JPP/LMFO/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.