Seis de los presuntos integrantes de la organización fueron capturados y judicializados. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
En un establecimiento nocturno de Piedecuesta (Santander), una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad que eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y altas remuneraciones económicas.
Niñas y adolescentes que creyeron en las ofertas y acudieron al lugar fueron alojadas en el sitio e inducidas a ejercer actos de tipo sexual a cambio de pagos que oscilaban entre los 40.000 y 50.000 pesos. El dinero en realidad no lo recibían porque debían destinarlo para cubrir multas que les imponía la organización ilegal por proporcionarles hospedaje, alimentación, entre otros conceptos.
En el curso de la investigación se conoció que, para evadir los controles de las autoridades y evitar ser detectadas, las menores de edad recibían documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.
Seis de los presuntos involucrado en esta actividad ilícita fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. Se trata de Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, destacada para la lucha contra la trata de personas, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Adicionalmente, a los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Estas cinco personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
JPP/JARG/TYSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
