Se trata de bienes avaluados en más de 19.500 millones de pesos que pertenecerían a Francisco Javier Piedrahita Sánchez, presunto socio de Gonzalo Rodríguez Gacha en la década de los ochenta y financiador de varias estructuras de las AUC.
Bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales, que figuraban a nombre de personas distintas a los verdaderos propietarios para intentar ocultar su origen ilícito fueron detectados en un rastreo financiero, económico y patrimonial realizado por la Fiscalía General de la Nación.
Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de 28 inmuebles rurales y urbanos, y una sociedad comercial que superan en valor los 19.500 millones de pesos. El dueño real sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, a finales de los años ochenta, y presunto financiador de grupos paramilitares en la década de los noventa.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre las propiedades medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, toma de posesión material y suspensión de registros públicos, con el fin de protegerlos y evitar su circulación en el mercado mientras avanza el proceso.
Los activos fueron ocupados en diligencias realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), y Montería (Córdoba).
En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos.
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/SC/JIC/DEEED/ALTR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
