Miguel Augusto Castro Peña y a William Alberto Jara Ríos, extesorero y excontador, respectivamente, del Instituto Departamental de Turismo del Meta, fueron asegurados, a petición de la Fiscalía, por un juez con función de control de garantías de esa ciudad, por su posible responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y transferencia no consentida de activos por medios electrónicos.
Luego de labores investigativas adelantadas por el CTI de Villavicencio bajo la coordinación de la Fiscalía 19 Delegada de Delitos contra la Administración Pública, se estableció que los hechos fueron denunciados el 1 de diciembre de 2011 por la entonces directora del mencionado Instituto, por irregularidades detectadas en septiembre de ese año.
Presumiblemente se habrían desviado recursos por 148 millones de pesos a diferentes cuentas bancarias relacionadas con los procesados. Después del análisis y estudios técnicos, el CTI rindió un informe en el que determinó que en la contabilidad de la entidad no aparecían registros, ni soportes, por desembolsos aproximados a 2.760 millones de pesos.
Jara Ríos no compareció a la diligencia a pesar de estar citado, por lo que la fiscal solicitó al juez la declaratoria de contumacia y le fue concedida. El Juzgado Sexto Penal Municipal expidió una orden de captura en contra del excontador, ya que también fue declarado prófugo de la justicia.
Por su parte, Castro Peña se allanó a los cargos y la medida de aseguramiento de detención preventiva le fue sustituida por detención domiciliaria.
