La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas, entre ellas a un menor de edad, que estarían involucrados en el secuestro de un ciudadano en hechos ocurridos el pasado 15 de julio, en Tuluá (Valle del Cauca).
Kevin Mauricio Molina Peralta fue capturado y un menor de edad de 15 años aprehendido, en el momento que presuntamente recibían una suma de dinero exigida para la liberación del ciudadano.
Los familiares de la víctima, al parecer, recibieron visitas a sus viviendas y comunicaciones telefónicas donde los intimidaban y les exigían el pago del dinero, además les enviaban fotos del secuestrado, como prueba de supervivencia.
Luego de acordar una entrega controlada, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) e integrantes del Gaula de la Policía sorprendieron a los procesados que llegaron en una motocicleta. Durante la diligencia judicial les fue incautado un celular que permitió ubicar el sitio donde se encontraba el secuestrado y lograr su liberación.
Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) los presentó ante jueces de control de garantías y de responsabilidad penal para adolescentes y les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado.
En las audiencias concentradas, Molina Peralta y el menor de edad no aceptaron el cargo imputado.
Por solicitud de la Fiscalía al hombre le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Por su parte, al adolescente infractor en un centro de internamiento especializado.
JGPV/AMCJ/AICR/DSV/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
