Se trata de parqueaderos y apartamentos ubicados en Bogotá, Armenia, Leticia y Pereira; y un predio rural en Anapoima (Cundinamarca).
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías decretó el embargo de 10 bienes inmuebles y 15 automotores con valor comercial de 3.955 millones de pesos, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de la Avenida Los Colibríes en Pereira (Risaralda).
La medida cautelar solicitada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción busca proteger el derecho de la Alcaldía de Pereira a una indemnización por los perjuicios causados por los titulares de los bienes que presuntamente se apropiaron de recursos públicos por 10.814 millones de pesos.
Se trata de parqueaderos y apartamentos en Bogotá, Armenia, Leticia y Pereira; y un predio rural en Anapoima (Cundinamarca). Así como, volquetas, vehículos, camperos y camionetas doble cabina, algunas con blindaje tipo tres.
La decisión judicial fue remitida a las oficinas de instrumentos públicos y secretarías de tránsito respectivas, para evitar su enajenación o venta y el nuevo registro de titularidad.
Los bienes están a nombre del exalcalde de Pereira (Risaralda), Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado García, el representante legal de la empresa contratista, Carlos Guillermo Suárez Escobar; y los interventores, José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal.
Estas personas se encuentran vinculadas a la investigación por su presunta participación en las irregularidades en el contrato de construcción de la doble calzada de 3.4 kilómetros de la avenida Los Colibríes por un valor inicial de 32.037 millones de pesos, al que le fue adicionado 20.300 millones más.
La investigación ha establecido que en la obra se habría presentado un detrimento patrimonial de 10.814 millones de pesos. El proyecto se ejecutó entre marzo de 2021 y diciembre de 2023.
Los procesados fueron imputados por delitos como falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, obtención de documento público falso, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, fraude procesal y prevaricato por acción.
Los días 23, 24 y 25 de julio próximo, se avanzará en el desarrollo de la audiencia preparatoria.
LAGP/AMCJ/JJ/DECC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
