Los elementos materiales de prueba aportados por fiscales adscritos al grupo de vida de Cúcuta (Norte de Santander), fueron concluyentes para que un juez de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer y un hombre, señalados de participar en la muerte de dos personas en esta ciudad. 

Se visualiza al capturado junto a dos uniformados de la Policía Nacional. Detrás de ellos el banner que identifica a la Seccional de Investigación Criminal -SIJIN de la Policía Nacional.
Diego Armando Rojas Rivera, alias Memo, fue judicializado por homicidio ocurrido en el barrio Antonia ocurrido en marzo de 2022.

En un primer caso fue judicializada Flor Isabel Castro Becerra, alias Isabela, de 22 años, quien el pasado 23 de abril, en vía pública, habría participado en la agresión con arma de fuego a un hombre de 27 años.  La víctima, al parecer, fue conducida hasta el lugar por la mujer y otros dos hombres.

Por otra parte, fue judicializado Diego Armando Rojas Rivera, alias Memo, de 27 años, como posible responsable del homicidio de otro hombre. Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2022 en una vivienda ubicada en el barrio Antonia Santos, donde, al parecer, ingresó el procesado y le disparó en dos oportunidades a la víctima de 32 años, quien falleció en el lugar.

Durante audiencias preliminares los procesados no aceptaron los cargos imputados por homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas delitos  agravados.

 

 

 

 

MPHA/LFML/EDBC/DSNS

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.