Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron a un hombre y a una mujer quienes, en hechos distintos, habrían participado en asesinatos ocurridos en Cartagena
Se trata de Luis Mario Ramírez Padilla quien, en compañía de otra persona, ingresó a un supermercado del barrio Providencia donde, se cree, intimidó a clientes y empleados, para hurtarles sus pertenencias. En total el hombre se apropió de 1’800.000 que estaban en las cajas registradoras, y del celular de una de las compradoras.

Los hombres escaparon en una motocicleta y en su huida atropellaron a una mujer de 71 años quien falleció en una clínica, debido a las lesiones causadas. En este incidente, Ramírez Padilla cayó del automotor, siendo retenido por la comunidad que lo entregó a la Policía Nacional.
Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de homicidio culposo y hurto calificado agravado, cargos que no aceptó. Por disposición judicial el procesado cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por otro hecho fue judicializada Vanessa Patricia Segovia Batista a quien una fiscal de la Unidad de Vida consideró como eventual responsable del delito de homicidio, cargo que no fue aceptado por la procesada.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 2 de julio en el barrio El Bosque. Allí, Segovia Batista, de 33 años, habría causado múltiples heridas con arma cortopunzante a otra mujer, durante una riña. La víctima murió cuando era trasladada a un centro asistencial. La procesada fue afectada con medida de aseguramiento domiciliaria.
MEVA/MAGA/DL/BR/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.