La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cinco personas que para el año 2016 eran funcionarios de la Alcaldía de Manizales, entre los que se encuentras tres secretarios de despacho, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Se trata de Cesar Alberto Gutiérrez García, entonces secretario de Obras Públicas; Orlando Marín Mejía, profesional universitario de esa cartera; Juan Carlos Gómez Montoya, secretario de Educación; Robinson Almanza Carvajal, profesional universitario de ese despacho; y Gladys Galeano Martínez, secretaria de Desarrollo Social.
Durante la diligencia judicial, un fiscal de la Unidad de Administración Pública dio a conocer que el 8 de agosto de 2016 la Alcaldía de Manizales suscribió un contrato con el Consorcio Carles, para la adecuación del restaurante escolar en la sede La Capilla de la Institución Educativa San Pio X del barrio La Enea de la capital caldense. La obra, presuntamente, no contó con las normas de construcción para espacios escolares, ni con el análisis de riesgos y desastres.
Según el análisis de los peritos, el diseño se habría realizado sin las respectivas normas de sismo resistencia y tampoco contó con los requisitos sanitarios que deben cumplir los espacios donde se preparan alimentos, porque, al parecer, la cocina habría quedado en un ambiente cerrado y sin posibilidad de aireación natural para eliminar vapores y gases, lo que podría producir problemas de salubridad y seguridad.
De acuerdo a la misma investigación, el comedor habría quedado contiguo a la cocina, también sin ventilación y sin vías de acceso construidas técnicamente en caso de evacuación, lo que podría ocasionar accidentes durante una emergencia por la cercanía con los puntos donde se harían las preparaciones.
La Fiscalía evidenció que durante una visita realizada a la obra el 13 de febrero de 2019, el Cuerpo de Oficial de Bomberos y la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, no aprobaron la apertura y entrada en funcionamiento del restaurante. Además, habrían dejado anotaciones en las que especificaban que la construcción no tenía salida de emergencia, no cumplía con los requisitos del ancho de los puntos de ingreso y carecían de señalizaciones adecuadas y un plan de contingencia.
Los imputados no aceptaron los cargos.
JLH/LFML/ACG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
