El exfuncionario habría dispuesto que a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se entregaran coimas a los entonces presidentes del Senado de la República Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Al valorar los argumentos y medios de conocimiento expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos al interior de la UNGRD y la orden de pago de coimas a congresistas.
Tras ser imputado por conductas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó, el tribunal emitió medida de aseguramiento contra González Merchán por los dos primeros delitos.
El magistrado libró orden de captura en contra de González Merchán luego de atender la petición de la Fiscalía mediante la cual sustentó que el hoy procesado podría interferir en la investigación con la afectación a otros intervinientes y su posible no comparecencia en las próximas etapas del proceso penal.
Según la investigación que adelantan dos fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre y octubre de 2023, el entonces director del DAPRE habría determinado a Olmedo López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, para que direccionara contratos de la entidad con el propósito de obtener recursos ilícitos dirigidos a pagar coimas dirigidas a los expresidentes de Senado de la República y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, a cambio del trámite favorable de proyectos de ley en las corporaciones legislativas.
Ante retrasos en la contratación al interior de la Unidad, González Merchán, ordenó a López Martínez en octubre de 2023 la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos en efectivo para los dos congresistas, y determino a Sandra Liliana Ortiz Nova para que transportara tres mil millones con destino a Iván Leonidas Name Vásquez.
Los mil millones de pesos restantes fueron destinados a pagar la dadiva ilícita pactada con Andres David Calle Aguas.
El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.
La decisión judicial fue apelada por las partes.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/AMCJ/MCP/UFDCSJ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
