Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Huberth Leonardo Suárez Cárdenas, patrullero de la Policía Nacional, que estaría involucrado en la planeación del secuestro de tres integrantes de una familia y el hurto a una empresa de giros en Colombia (Huila).

En la foto se observa al capturado custodiado por un servidor del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y un uniformado del Ejército Nacional.
Suárez Cárdenas le habría dado las indicaciones otro hombre para que se acercara hasta la vivienda de las víctimas, quienes fueron retenidas y amordazadas, para hurtarles las llaves del local comercial, joyas y otros objetos de valor.

Una fiscal Gaula de la Seccional Huila le formuló imputación por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y tentativa de hurto calificado, todas las conductas agravadas. Cargos que no fueron aceptados por el procesado.

De acuerdo con la investigación, en el 10 de marzo de 2024, Suárez Cárdenas le habría dado las indicaciones otro hombre para que se acercara hasta la vivienda de las víctimas, quienes fueron retenidas y amordazadas, para hurtarles las llaves del local comercial, joyas y otros objetos de valor.

Una vez con las llaves en su poder, ese hombre se comunicó a través de video llamadas con el patrullero quien, al parecer, le dio la orden de ingresar a la empresa de giros y apoderarse de la caja fuerte, que supuestamente contenía 500 millones de pesos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra el patrullero en Sibaté (Cundinamarca).

WAGG/LMFO/AMCJ/MLC/JCFJ/DSH

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.