El procesado estaría vinculado con la instalación de un cilindro bomba en una vía nacional del Valle del Cauca.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, y presentado ante una juez con función de control de garantías de Cali (Valle del Cauca), permitió que Jhon Deiby Díaz Rodallega, alias Calvin Rodríguez, fuera cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo y terrorismo.
Según la investigación, al menos desde junio de 2024, el procesado haría parte de la columna móvil Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc que delinque en el Valle.
Este hombre sería el responsable de adelantar seguimientos y labores de vigilancia a las actividades realizadas por la Fuerza Pública, además de coordinar la comercialización de estupefacientes en diferentes zonas del departamento.
También estaría encargado de ejecutar acciones terroristas en Buenaventura, Jamundí, Cali y Dagua (Valle del Cauca). En desarrollo de estas actividades, el pasado 26 de marzo habría instalado un cilandro bomba de 40 libras, en la vía que comunica los municipios de Jamundí y Suárez (Cauca). Artefacto explosivo que fue activado de manera controlada por el Ejército Nacional.
Díaz Rodallega fue capturado el pasado 29 de junio en una diligencia de registro y allanamiento adelantada en una vivienda en zona rural de Timba en Buenos Aires (Cauca), durante el operativo fue incautado un celular.
En desarrollo de las audiencias concentradas el procesado rechazó los cargos en su contra.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
