Una vez el Presidente de la República le solicitó la renuncia, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminados 104 contratos para volverlos a suscribir horas después.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, desconociendo las normas de la contratación pública.
En el curso de la investigación se estableció que, luego de que el Presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia, la noche del 27 de febrero de 2023, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses.
Los contratistas suscribieron un acta de terminación anticipada, argumentando motivos personales. Sin embargo, días después y por instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero con un término mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.
De esta manera, Urrutia Ocoró pretendía darles continuidad laboral a personas cercanas o referidas para que siguieran vinculadas con el Ministerio del Deporte, a pesar de su salida de la cartera.
Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a la exministra por el delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales. Las audiencias preparatorias de juicio comenzarán en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMFO/JARG/GFSV/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
