Se trata de una madre y su hijo, quienes son señalados de agredir a la víctima y encubrir el hecho. Además, fue judicializada la novia del joven, por presuntamente intervenir para desviar la investigación.
Por petición de una fiscal de la Seccional Córdoba, un juez de control de garantías de Montería, judicializó a Angélica María Petro González, Jorge Camilo González Petro y Karol Milena Flórez Cuello. Estas personas fueron imputadas, según sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de homicidio agravado, ocultamiento de evidencias y favorecimiento.
La investigación determinó que la madrugada del 9 de julio de 2023, en el barrio La Pradera de Montería (Córdoba), se presentó una riña entre la víctima y Jorge Camilo González Petro. Al parecer, este último se llevó una motocicleta que regresó a altas horas de la noche, lo cual generó la discusión.
Durante el altercado, el joven habría atacado al hombre con un objeto contundente. En los hechos intervino Angélica María Petro González, quien posiblemente encubrió lo que había ocurrido con su compañero sentimental. Flórez Cuello, novia de la persona que usó la moto, se sumó para detener la agresión.
Herida, la víctima fue trasladada a un centro médico de Montería donde permaneció hospitalizada, por más de 15 días. La gravedad de las heridas le provocaron la muerte. La Fiscalía constató que Flórez Cuello, al parecer, declaró hechos contrarios a la realidad y omitió información con el propósito de omitir su responsabilidad, y encubrir lo hecho por su novio.
Uniformados de la Sijín de la Policía Nacional capturaron a los procesados el pasado 29 de mayo en el barrio La Pradera de Montería.
VHGB/MAGA/SCZH/DSC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
