Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron en procesos independientes a dos hombres, presuntamente implicados en extorsiones realizadas en el municipio de Turbaco y Cartagena.
Las dos personas fueron presentadas ante jueces de control de garantías de la capital bolivarense, para imputarles de acuerdo a sus responsabilidades individuales los delitos de extorsión y receptación. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.
En una de las investigaciones, se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Se trata de Santiago José Martínez Polo, alias Buche, de 18 años. Los hechos que lo involucran acontecieron el pasado 14 de mayo cuando desconocidos le hurtaron la motocicleta a un hombre en el barrio La María de Cartagena.
La víctima de ese robo recibió posteriormente llamadas en las que le exigían 5 millones de pesos a cambio de devolverle su vehículo y de no atentar contra su vida o la de sus familiares. En la entrega pactada con los supuestos extorsionistas, ‘Buche’ fue capturado por la Policía Nacional cuando recibía el dinero.
En otro hecho, fue detenido Diego Enrique Linero de la Hoz, de 29 años. Al parecer, esta persona le pidió a un funcionario judicial, 9 millones de pesos, para no publicar aspectos íntimos de la víctima. Los hechos se registraron en Turbaco entre el pasado 29 de abril y se prolongaron hasta el 27 de mayo.
La detención de Linero de la Hoz fue materializada por la Policía Nacional en el barrio Chino, de la referida población. Por disposición judicial, la medida de aseguramiento será cumplida en un lugar domiciliario.
MEVA/MAGA/GP/KS/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
