El exfuncionario como ordenador del gasto habría omitido sus funciones de vigilancia, control y seguimiento, y delegó la contratación a una secretaría.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Los cargos no fueron aceptados.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las irregularidades detectadas en la planeación y celebración del contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, que ascendió en valor a 650 millones de pesos y tenía por objeto garantizar la adquisición de juguetes para niños y niñas de escasos recursos, durante la temporada navideña.
Durante la audiencia realizada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que el exmandatario omitió su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública, y delegó el desarrollo del proceso contractual cuestionado a la Secretaría de Desarrollo Social.
En el curso de la investigación fueron identificadas anomalías en la fase precontractual e inconsistencias en los estudios previos. Por ejemplo, la administración departamental no realizó un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían, tampoco argumentó con claridad la necesidad de avanzar el proyecto ni abrió licitación pública.
Finalmente, el contrato fue suscrito con una fundación que no tenía la idoneidad ni capacidad para cumplir con las actividades previstas. En la fase de ejecución debía comprar 130.000 juguetes, pero solo entregó 36.000. Adicionalmente, se estableció que al valor total se le hizo un modificatorio para aumentar el costo de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos.
En medio de los cambios presupuestales y el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la fundación, la Gobernación de Santander pagó la totalidad de los recursos. Esto representó que el contratista se quedara con 416 millones de pesos.
LMFO/JARG/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
