Los imputados habrían aprovechado sus roles en la empresa para llevarse baterías de litio, plantas eléctricas y combustible.
En la imagen aparecen seis personas detenidas, entre dos uniformados de la Policía Nacional y frente a una mesa con objetos electrónicos y otros insumos de telecomunicaciones.
Los imputados habrían cometido los hurtos mientras desarrollaban sus actividades laborales.

Las labores investigativas adelantadas por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), fueron determinantes para judicializar a seis personas por el delito de hurto calificado agravado.

Se trata de Luis Fernando Díaz Olivero, Milecto Antonio Rodríguez Tapia, Sebastián Díaz Ledesma, Harold Andrés Gómez Perlaza, Uberney de Jesús Almanza Macea y Einer Manuel Contreras Martínez, quienes trabajaban para una empresa de telecomunicaciones.

Los imputados habrían aprovechado sus cargos, funciones y la confianza depositada en ellos por la empresa para desactivar alarmas de las estaciones donde estaban 43 baterías de litio que posteriormente sustrajeron. También, se cree, hurtaron plantas eléctricas y ACPM, además de cable que fue comercializado en 700 millones de pesos.

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo de 2023 y julio de 2024 en los municipios de Cereté, Sahagún y Montería (Córdoba). Entrevistas, declaraciones, interceptaciones, fotografías, vídeos y contratos laborales permitieron identificar a los procesados, quienes habrían participado en, al menos, 12 casos similares.

Los investigados fueron capturados por la Sijín de Córdoba el pasado 26 de mayo, durante diligencias de registro y allanamiento cumplidas en cuatro inmuebles en Montería y  Sahagún.

 

 

 

VHGB/MAGA/CAHL/DSC

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.