Habrían favorecido intereses familiares y de amistades; al tiempo que falsificaron documentos para respaldar los respectivos pagos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de El Cairo (Valle del Cauca), Orlaín Salazar Ramírez y al secretario de Planeación; Adrián Sánchez Rodríguez, por su presunta responsabilidad en irregularidades en contratos para diferentes servicios del municipio.
Asimismo, fueron judicializados la exsecretaria de Salud y Desarrollo Social, Diana Alexandra Vanegas Pedraza; y los contratistas Yeison Darío Gaviria López y Divier Alexander Moncada Patiño.
Los hechos en los que estarían involucrados ocurrieron entre enero y junio de 2024 cuando se suscribieron dos contratos para el transporte escolar y la recolección de basuras de El Cairo por 183.149.600 de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado y público. Los cargos no fueron aceptados.
Contrato para el transporte escolar
Los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía Nacional, dan cuenta de que el alcalde imputado y Gaviria López, habrían reunido a varios conductores, entre familiares y amigos para llevar a cabo el servicio de transporte escolar.
Los dos procesados, al parecer, manejaron directamente los recursos del contrato por valor de 17 millones de pesos, que debía ser ejecutado por el contratista a cargo entre marzo y junio de 2024.
Asimismo, se pudo establecer, que Vanegas Pedraza habría contribuido a la vulneración del principio de transparencia y selección objetiva, al no convocar a empresas privadas para la licitación. Para esto falsificó documentos y estudios previos en los que exponía que ellos no estaban interesados.
Entre tanto, Moncada Patiño quien fue el contratista al que se le adjudicó el contrato, al parecer, solo prestó su nombre para dar apariencia de legalidad al acuerdo contractual, a cambio de dinero. Por su parte, a Gaviria López se le habrían pagado más de 5 millones de pesos por una labor que nunca realizó.
Recolección de basuras
En otro contrato para la recolección de residuos sólidos del municipio, la Fiscalía, también, pudo establecer que se habría adjudicado directamente a Gaviria López, quien no cumplía los requisitos para prestar este servicio.
Esta persona, al parecer, no tenía la experiencia y su licencia no le permitía conducir camión; además, sería el actual conductor personal y esposo de la hijastra del mandatario local. Para realizar su contratación habrían presentado documentos falsos.
Por su parte, Sánchez Rodríguez, habría facilitado la contratación, y aceptó como supervisor del mismo, informes de ejecución con fotografías falsas del servicio que nunca se prestó, documentos mediante los cuales certificó el cumplimiento del objeto contractual para poder realizar el pago.
Los procesados fueron capturados por el CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. El juez de control de garantías decidió privar de la libertad en centro carcelario, al alcalde Orlaín Salazar Ramírez y al secretario de Planeación, Adrián Sánchez Rodríguez.
Por su parte, impuso detención domiciliaria para el contratista Yeison Darío Gaviria López; y continuarán vinculados al proceso en libertad Diana Alexandra Vanegas Pedraza, secretaria de Salud y de Desarrollo Social, y el contratista Divier Alexander Moncada Patiño.
MAP/AC/MG/DSVC/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
