Los inmuebles están avaluados en más de 3.000 millones de pesos. En diligencias previas fue capturado el cabecilla de la red narcotraficante.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre tres bienes ubicados en Viotá (Cundinamarca); uno de ellos, un hotel que habrían sido utilizados por la organización delincuencial Los Buita, para almacenar y comercializar estupefacientes. Los bienes fueron valorados de manera preliminar en más de 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el cabecilla de esta red vivía y trabajaba en el hotel, como encargado de la piscina. Sin embargo, utilizaba una habitación para almacenar, dosificar y comercializar estupefacientes, al menudeo. Esto, habría convertido dicho inmueble en un punto estratégico para el tráfico local de sustancias ilícitas.
Entrevistas, seguimientos, interceptaciones telefónicas y allanamientos, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que dichas conductas ilegales vendrían siendo cometidas entre los años 2022 y el 2024.
En operativos previos a las diligencias de extinción, las autoridades encontraron estupefacientes en las propiedades ocupadas. En el marco de esas acciones también fueron capturas varias personas, entre quienes estuvo el presunto cabecilla de la red criminal.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio concluyó que los propietarios facilitaron las actividades ilegales.
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/MAGA/SC/DEED/JIC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
