La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chorizos. Los procesados estarían implicados en el comercio al menudeo de estupefacientes, actividad ilícita que realizarían en espacios públicos y entornos escolares de Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca (Santander). 

El fiscal del caso imputó a los procesados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados harían parte de la referida organización delincuencial, cuyas rentas ilícitas superarían los 300 millones de pesos mensuales, y provendrían del comercio de basuco y marihuana.

La investigación, desplegada por la Fiscalía, determinó que las sustancias ilegales eran llevadas a la capital santandereana, provenientes del sur de Bolívar. Para esto, la red narcotraficante sostendría alianzas con grupos criminales que delinquen en esa parte del país. De esta manera lograban burlar los controles de las autoridades.

A Los Chorizos se les atribuyen acciones que sembraban temor en habitantes de 20 barrios de Bucaramanga y el Área Metropolitana donde ejercían el control territorial mediante el uso de armas de fuego.

Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de uniformados de la Policía Nacional. Ocho de los  procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, las tres personas restantes continúan vinculadas al proceso. 

DRA/MAGA/MP/DSS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.