Aceptaron su participación en la planeación y ejecución de la acción criminal, en la que adicionalmente dos hombres quedaron heridos.
Mediante preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación, tres integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’ aceptaron su participación en el ataque armado que dejó siete personas muertas y dos más heridas el 25 de junio de 2024, en un inmueble ubicado en el sector conocido como Alto del Perro, en Rionegro (Antioquia).
Jueces penales especializados avalaron las negociaciones judiciales y condenaron a los procesados de la siguiente manera:
- Fredis Jesús Borja Guerra a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, todas las conductas agravadas.
- Felipe Osorio Álvarez y María Camila Rendón de León a 23 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que los hoy sentenciados se reunieron en la residencia de Rendón de León para planificar el asesinato de un grupo de hombres que había llegado a la región proveniente de la Costa Atlántica.
Con roles plenamente definidos, Borja Guerra y Osorio Álvarez, en compañía de otros tres integrantes de ‘El Mesa’, se trasladaron a la finca en la que se hospedaban y descansaban los foráneos, derribaron la puerta, ubicaron a las víctimas y les dispararon.
LMFO/JARG/JAGA/DAT/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.