En la acción sicarial también quedó herida otra hermana de las víctimas.
La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad de Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, en el crimen de la profesora y periodista, María Victoria Correa Ramírez; y su hermana, María Nohelia, ocurrido el pasado 28 de marzo en Envigado (Antioquia).
En ese sentido, una fiscal de la Seccional Medellín les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las actividades investigativas permitieron conocer que alias Gafas habría conducido la motocicleta utilizada para movilizar a los sicarios. Entre tanto, los otros dos hombres son señalados de ingresar armados a un establecimiento de comercio e intimidar a las tres hermanas Correa Ramírez, que departían en el lugar. Alias El Mello, al parecer, les disparó.
Dos de las mujeres, de 68 y 75 años, murieron. Una tercera hermana, de 73 años, quedó gravemente herida.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional trabajaron de manera articulada en la obtención de evidencias y la identificación de los posibles agresores, y lograron su captura este 13 de mayo en diligencias realizadas de manera simultánea en los municipios de Prado (Tolima) y Cali (Valle del Cauca).
La decisión fue apelada por la defensa en segunda instancia.
LFML/LR/DSM/AMCJ/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
