Sería el responsable de las extorsiones a una mujer que fue obligada a abandonar su vivienda por no acceder a las exigencias económicas.
En atención al material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Héctor Hevencio Ciro Zapata, alias Sombrerón o Wilmer Guerrero, presunto cabecilla del Frente 10 Martín Villa de las disidencias de las Farc, con injerencia delictiva en Arauca y Casanare.
Alias Sombrerón o Wilmer Guerrero, sería el coordinador de diferentes conductas delictivas, como extorsiones, reclutamiento de menores de edad, y ataques contra la fuerza pública y la población civil.
Entre los hechos que se le atribuyen se encuentran las amenazas y exigencias económicas ilegales a una ciudadana en Arauquita (Arauca), a través de mensajes de texto desde junio de 2023.
Ante la negativa de pagar las extorsiones, en octubre de 2023 habría recibido un panfleto en el que le daban tres días para abandonar el municipio o sería
asesinada. Debido a la presión recibida, la mujer abandonó su vivienda y salió del departamento.
Por lo anterior, un fiscal de la Seccional Arauca, le imputó los delitos de deportación, expulsión, traslado, o desplazamiento forzado de población civil; y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.
El hombre fue capturado en un operativo conjunto entre uniformados del Gaula Militar, Policía Nacional, Fuerza Aeroespacial y Armada Nacional en diligencia de allanamiento y registro adelantado en un inmueble de Yopal (Casanare). En el procedimiento le fueron incautados 9 celulares.
MPHA/AMCJ/JASN/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
