Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Esteban Fernando Céspedes Agudelo, Santiago Navarro Arenas y Ever Santiago Cordero Urrego, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre, el pasado 13 de marzo, en Granada (Meta).
El día de los hechos, Navarro Arenas y Céspedes Agudelo llegaron en una moto hasta unas bodegas de un comerciante, el último ingresó al lugar y, al parecer, disparó contra un trabajador, causándole la muerte.
Por su parte, Cordero Urrego, habría realizado las labores de inteligencia, instrumentalizando a una menor de edad, para cumplir con su cometido.
Estos hombres serían integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Los Juanitos’. Un fiscal especializado de la Seccional Meta les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; homicidio agravado y utilización de menores para la comisión de delitos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Servidores de la Policía Nacional materializaron las órdenes de captura contra estos hombres en los barrios Villa Ortiz y Porfía de Villavicencio (Meta).
De acuerdo con la investigación, estos hombres serían los encargados de asesinar a las personas extorsionadas o a sus empleados cuando se negaban a cumplir las exigencias económicas.
Las amenazas, al parecer, eran enviadas mediante llamadas y panfletos a comerciantes, agricultores y empresarios de Granada, Vistahermosa, Lejanías y San Martín (Meta).
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
